De acuerdo con datos del informe más reciente del Ministerio de Energía y Minas, a abril de 2025 las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) acumularon pérdidas totales equivalentes al 40.4 % del total de la energía comprada.
En términos absolutos, las EDE compraron 6,126.2 GWh durante ese período. De esa cantidad, 2,252 GWh no se facturaron, lo que representa pérdidas del 36.8 % del total adquirido. A esta cifra se añade un 3.6 % correspondiente a energía que fue facturada, pero no cobrada, lo que da como resultado el 40.4 % de pérdidas totales hasta abril de 2025.
Según el último reporte de la Dirección General de Presupuesto (Digepres), a mayo de 2025, las EDE han recibido 35,807.8 millones de pesos en transferencias por parte del Estado, lo que representa un 43.7 % de los 81,985.66 millones de pesos presupuestados para 2025. Esto es una evidencia de la incapacidad de las distribuidoras para operar sin transferencias fiscales, una carga importante para los contribuyentes.
La naturaleza de empresas públicas de las distribuidoras implica que tienen un mal de origen: imponen un costo para los contribuyentes para ser sostenidas financieramente. Los recursos de los ciudadanos que son dirigidos a las EDE pudieron ser destinados a actividades generadoras de valor. En consecuencia, las transferencias representan un costo de oportunidad para los ciudadanos que financian las pérdidas de un sector que opera de manera ineficiente.
Las EDE necesitan una reforma que cambie su naturaleza de empresas públicas a empresas que proporcionen un servicio más confiable, se manejen de forma eficiente y cobren la energía vendida; y de no ser así, que sus accionistas tengan que cubrir las pérdidas con su capital.
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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).
