sd. Mientras algunos países como Chile o Costa Rica han logrado mantener pérdidas eléctricas por debajo del 10 %, otros —como la República Dominicana u Honduras— registran pérdidas superiores al 35 %. Estas pérdidas pueden representar un drenaje de recursos públicos, debilitan la calidad del servicio y reflejan, en muchos casos, la ineficiencia de las empresas distribuidoras estatales.
Según el estudio «Economía de las pérdidas de electricidad en América Latina y el Caribe», publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo, los países con mayor participación privada en la distribución eléctrica presentan menores pérdidas en promedio (14.1 %) que aquellos donde predomina la gestión estatal (22.3 %). No es coincidencia: la participación del sector privado ha permitido una mejor gobernanza, mayores incentivos para la eficiencia y mejoras sostenidas en la calidad del servicio.
Las empresas públicas, como las EDE en la República Dominicana, no dependen de su eficiencia, sino del respaldo permanente de las finanzas públicas. A mayo de 2025, las EDE ya habían recibido más de 35,000 millones de pesos en subsidios estatales, lo que representa una pesada carga para los contribuyentes.
Abordar el problema de las pérdidas eléctricas requiere más que inversiones: exige reformar la naturaleza institucional del sistema. Persistir en un modelo estatal ineficiente implica postergar la modernización del sector eléctrico, perpetuar la carga sobre el erario y condenar a los usuarios a un servicio deficiente. La evidencia demuestra que donde hay gestión privada, hay menos pérdidas y mejor calidad.
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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).
