POR MANUEL ANTONIO NINA
La empresa minera Dominicana de Cales, S.A. (DOCALSA), responsable de los más recientes daños ambientales en el entorno de las Cuevas del Pomier, vio frustrados sus esfuerzos de armar un supuesto Consejo de Desarrollo de Najayo Arriba cuando cientos de pobladores de esa zona irrumpieron en el lugar donde se celebraría una primera reunión entre representantes de la citada empresa minera y algunas personas compradas para tal propósito.
Durante los últimos años, las empresas mineras han recurrido a la jugada de convocar a un número de personas de determinada comunidad y, con promesas de beneficios particulares, han logrado armar supuestas “organizaciones comunitarias” que respaldan la actividad minera en sus comunidades, obviando en sus compromisos los daños producidos por dichas empresas y los resultados negativos de las evaluaciones ambientales realizadas.
Regularmente y para dar carácter de “legalidad e institucionalidad”, los empresarios mineros se hacen acompañar por representantes de instituciones del estado, como el Ministerio de Energía y Minas, de manera que las reuniones entre empresarios y comunitarios tengan aspecto de conformidad por parte de los habitantes de aquellos parajes o municipios, y ofrezcan visos de “preocupación y compromiso” por parte de los empresarios.
Sin embargo, esta vez no ha sido así. Los habitantes de Najayo Arriba develaron el plan de DOCALSA y han reiterado su oposición a que ésta se instale en las elevaciones que caracterizan esta parte de la provincia San Cristóbal, evitando así que dicha empresa y sus favorecedores locales completen la trama que le hubiera abierto a DOCALSA las puertas sociales de Najayo Arriba para su instalación.
Para los habitantes de Najayo Arriba está suficientemente claro, según sus opiniones, que lo único que puede ofrecer la empresa DOCALSA para su comunidad es lo que ha dejado como huella en la sección Borbón, de la provincia San Cristóbal: destrucción de bienes naturales y culturales, enfermedades respiratorias como consecuencia de sus operaciones, contaminación de las aguas y el ambiente, discordia entre comunidades, pobreza y desesperanza.
Por último, parece que en la provincia San Cristóbal va creciendo el rechazo general a las actividades mineras de cualquier tipo, sea por la extracción de agregados en los ríos, la explotación de calizas o la búsqueda de oro.
Este rechazo ya no solamente demanda la salida de DOCALSA, por ejemplo, de El Pomier o de Najayo Arriba, sino de toda la provincia, a fin de impulsar la propuesta de San Cristóbal como una provincia ecoturística que, además, cuenta con la única Capital Prehistórica del Caribe que se conozca entre el conjunto de estados, islas del Caribe y del Continente.
Ambas cosas, según declaran los ambientalistas de San Cristóbal, no pueden desarrollarse mientras exista en esa provincia alguna actividad minera que esté socavando sus principales atributos naturales y culturales: ríos, bosques, montañas, cavernas y yacimientos arqueológicos.
jpm-am
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