Según Delgadillo, Claudia Sheinbaum continuó con las mismas políticas, pese a un discurso distinto. Recuerda que, durante la pandemia, “la construcción fue una de las primeras actividades consideradas esenciales”, lo que reveló la apuesta del gobierno capitalino por el sector inmobiliario como motor económico.
Como jefa de Gobierno, Sheinbaum promovió el ‘Programa de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente’ (PRUVIT), que ofrecía incentivos a desarrolladores para construir viviendas asequibles de hasta 1.4 millones de pesos. Aunque se proyectaron 12 corredores inmobiliarios con una inversión de 23,000 millones de pesos, “en seis años solo se hicieron unas 180 viviendas”, señala Delgadillo.
Los analistas coinciden en que estas políticas han impulsado lo que se conoce como gentrificación extendida, una fase que ahora experimenta la Ciudad de México y en la que la vivienda deja de ser un bien de uso para convertirse en un activo absolutamente mercantil. 
Olivera señala que “en la primera etapa de la gentrificación, todavía se podía hablar de clases medias con ciertos recursos y con facilidades en los créditos para adquirir viviendas remodeladas. En la gentrificación actual, esto ya no existe. Ahora hablamos de ventas directas de inmuebles a grandes empresas inmobiliarias, comercializadoras, agentes financieros y fondos de inversión que compran edificios completos”, para alquilarlos de manera temporal a través de plataformas como Airbnb a costos inaccesibles para el grueso de la población.
Un círculo vicioso
Esto tiene implicaciones socioculturales que van más allá de la transformación de los espacios urbanos. Claudia Villegas, doctora en Geografía por la Universidad Rutgers (en Nueva Jersey), advierte que este proceso agrava tensiones sociales y espaciales históricas en una ciudad marcada por la fragmentación de clase y racial. Señala que la gentrificación es una expresión de la lucha de clases en el espacio urbano, aunque matiza que esta lectura «no significa reducir este proceso a una simple batalla de ricos contra pobres. Más bien, permite entender esta oposición y/o confrontación, como una expresión particular y a la vez histórica del complejo de relaciones sociales, basada en intereses particulares”, explica.
Bajo esta lógica, precisa que el desplazamiento poblacional es uno de los efectos más visibles de la gentrificación, pero al mismo tiempo es una causa del problema, derivado de decisiones individuales o colectivas que buscan enfrentan a los agentes “gentrificadores” externos.
“De esta manera, encontramos que aquellos pobladores que intentan responder a los efectos negativos de la gentrificación de manera individual (desplazándose por ejemplo a otros barrios y colonias), son más “vulnerables” que aquellos que están optando por articular una respuesta organizada y colectiva, como en el caso de las protestas anti-gentrificación en la Ciudad de México, que intentan mantenerse en sus barrios y colonias, y defender su propia experiencia de la ciudad”.
Activismo ciudadano ante una regulación ineficaz
En los últimos años, los gobiernos locales han intentado contener el fenómeno. En 2023, el Congreso capitalino aprobó una reforma a la Ley de Turismo, la Ley de Vivienda y la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, que limita a 180 noches anuales el arrendamiento mediante plataformas digitales como Airbnb. Los dueños que superen este umbral deberán esperar un año para volver a ofrecer alojamiento.
Recientemente, la actual jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó el “Bando 1”, un plan de 14 medidas para garantizar el derecho a una ciudad habitable y asequible. La funcionaria aseguró que el proyecto es el inicio de un proceso profundo para transformar el acceso a la vivienda y combatir los efectos de la gentrificación.
