POR RAFAEL RAMIREZ MEDINA
La reciente aprobación del nuevo Código Penal por la Cámara de Diputados de la República Dominicana ha vuelto a poner sobre la mesa uno de los temas más debatidos y sensibles de nuestra sociedad: las tres causales para permitir la interrupción del embarazo.
Sin embargo, en esta ocasión, lo más alarmante no es el contenido del Código, sino lo que deliberadamente se ha excluido, la discusión de fondo sobre un derecho básico y humano que se sigue ignorando bajo el peso de la doble moral política y religiosa.
Las tres causales, riesgo para la vida de la madre, violación o incesto, y malformaciones incompatibles con la vida, no son una imposición extranjera, ni un ataque a los valores dominicanos, como algunos han querido presentarlas.
Son un llamado mínimo a la humanidad, a la compasión y al respeto por la dignidad de las mujeres que enfrentan situaciones extremas y dolorosas. Pero, lamentablemente, seguimos siendo uno de los pocos países del hemisferio que penaliza el aborto incluso en estas condiciones, empujando a muchas mujeres hacia la clandestinidad o la desesperación.
Ahora bien, quiero dejar algo muy claro, para que no se me malinterprete, yo soy una persona provida. Pero provida de verdad. Provida de que esas personas vengan al mundo a ser felices, a desarrollarse, a poder estudiar, formar una familia, construir una vida plena. Porque a eso es que uno viene a este mundo, a ser feliz, a hacer felices a los demás, y a aportar al desarrollo social, económico y político de su país.
Cuando hablamos de criaturas que vienen con deformaciones incompatibles con la vida, se dice que “son felices porque no conocen otra vida”. Pero ¿y las personas que están a su alrededor? ¿Acaso no sufren? ¿Qué siente una madre o un padre al ver a su hijo postrado, sin posibilidad de desarrollo, mientras se agotan los recursos económicos intentando darle una atención adecuada? Eso también es sufrimiento. Eso también es parte de la vida que debemos valorar.
Y si realmente somos provida, el Estado debe asumir su responsabilidad. Si se exige que esos niños vengan al mundo, entonces el gobierno debe ofrecer incentivos reales a esas familias, mensualidades, centros de cuidado mientras los padres trabajan, hospitales especializados y gratuitos. No se puede imponer la vida y luego abandonar a quienes la llevan con más dificultad.
En el caso de la madre cuyo embarazo pone en riesgo su vida, pregúntenle a su pareja, a sus padres o a sus hijos si estarían dispuestos a perderla. Pregúntense si es justo condenar a una familia al dolor, por una decisión impuesta desde el dogma y no desde la empatía.
Y cuando se trata de niñas o mujeres violadas o víctimas de incesto, debemos mirar con más humanidad. ¿Qué piensa ese hijo nacido de una agresión? ¿Qué siente al no saber quién es su padre o al conocer que su origen fue un acto de violencia o que su padre a la vez es su abuelo?, ¿cómo lo mira la sociedad? ¿Se ha podido desarrollar emocionalmente? ¿Ha sido feliz?, es muy fácil no estar de acuerdo, pero eso es hasta que no te toque de cerca.
Lo más preocupante
Lo más preocupante es que esta omisión en el nuevo Código Penal no es fruto del desconocimiento. El propio presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, ha reconocido que él apoya las tres causales, pero que “no hay votos para aprobarlas”.
Esta declaración, aunque honesta, refleja el núcleo del problema: muchos legisladores saben que las causales son necesarias, pero no están dispuestos a asumir el costo político de defenderlas públicamente.
Vivimos en un país profundamente católico, y eso condiciona muchas decisiones. Pero la fe no debe utilizarse como escudo para evadir responsabilidades. En privado, muchos políticos apoyan las causales; en público, callan o las rechazan por miedo a perder simpatías. Esa es la definición misma de la doble moral.
Además, el gesto del presidente Pacheco de priorizar la aprobación del Código sin las causales, apelando a que es mejor avanzar en algo que quedarse sin nada, puede ser comprensible desde el pragmatismo legislativo, pero no deja de ser doloroso. ¿Qué mensaje estamos enviando cuando los derechos de las mujeres se negocian o se posponen indefinidamente?
Es cierto que el nuevo Código Penal incluye avances en otras materias, como la tipificación de delitos digitales, la protección a menores y una definición más precisa del feminicidio. Pero estos logros no deben ser excusa para evitar una discusión pendiente y urgente.
No se trata de imponer una visión, sino de garantizar el debate. Se trata de legislar con principios, con empatía y con valentía. Si nuestros legisladores temen perder apoyo por defender lo justo, entonces debemos preguntarnos: ¿a quién están realmente representando?
Hoy más que nunca es necesario recordar que una sociedad que le da la espalda a sus mujeres en sus momentos más difíciles, no puede llamarse justa. La historia juzgará con dureza a quienes pudieron cambiar las cosas y eligieron el silencio. Que ese juicio no nos alcance sin haber alzado la voz.
jpm-am
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