Uno de los abogados de Rosa Amalia Pilarte dijo que, en caso de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ratifique la condena de cinco años de prisión a la exdiputada, tendrán la opción de la revisión constitucional.
En ese sentido, Julio Cury afirma que la sentencia del Pleno no sería definitiva.
Sin embargo, aclara que una impugnación ante el Tribunal Constitucional (TC) sería «en caso de que, obviamente, el fallo quebrante algún valor, principio o regla constitucional».
La exdiputada de La Vega fue hallada culpable el pasado año de lavado de activos por la Segunda Sala Penal de la SCJ, que conoció la acusación por su jurisdicción privilegiada.
Cury hizo la aclaración por lo que dijo a este medio una fuente de la investigación a Pilarte, que aseguró que de ratificarse la sentencia esta sería «irrevocable«.
Sobre el plazo para emitirse el fallo del Pleno
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Cury también afirmó que el plazo para el Pleno de la SCJ emitir su decisión no está fijado en la Ley 2-23 porque esta se delimita a la materia civil, comercial, laboral, inmobiliaria y contencioso-administrativa, y que excluye la penal.
El plazo está previsto, según el abogado, en el Código Procesal Penal, que es de 30 días, pero «no son fatales. O sea, si se dicta decisión fuera del plazo, no hay consecuencia alguna».
El Pleno de la SCJ se reservó el fallo al concluir su audiencia el 6 febrero, por lo que este miércoles se cumplirán seis meses.
Los representantes legales de Pilarte, que incluye también al abogado Eduardo Jorge Prats, recurrieron la condena en casación ante el Pleno de la alta corte, cuya decisión está pendiente. La sentencia que la condena también ordenó que se le decomisaran 13 bienes inmuebles.
Cury respondió también que tendría fuerza ejecutoria una ratificación de la sentencia de la Segunda Sala Penal y la excongresista sería enviada a prisión. No obstante, adelantó que en ese caso solicitarían la suspensión de la ejecución lo que también podría ser acogido.
La familia de la exdipuada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) también enfrenta la justicia por lavado de activos provenientes del narcotráfico.
