El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) extendió a 90 días calendario el plazo para que las compañías telefónicas depuren todas las tarjetas SIM prepago que fueron otorgadas a sus usuarios sin una identificación previa, a fin de mejorar la trazabilidad de mensajes o llamadas vinculadas a actos delictivos.
La decisión está contenida en la Resolución 073-2025, que analizó los recursos de reconsideración interpuestos por la Asociación Dominicana de Empresas de Comunicación y Tecnología (Comtec) y las concesionarias Compañía Dominicana de Teléfonos (Claro) y Altice Dominicana, entidades que alegaron que el tiempo originalmente otorgado –de solo 30 días– era insuficiente para dar cumplimiento a la disposición.
La nueva resolución –con fecha del 17 de julio, pero publicada recientemente en la web del Indotel– establece que el nuevo plazo otorgado es impostergable.
«Dentro del mismo, las prestadoras de servicios públicos de telefonía que ofertan el servicio prepago deberán proceder a depurar y validar la identidad de los usuarios con líneas activas», subraya.
Riesgo de desconexión de líneas contratadas
En los recursos interpuestos, la Comtec arguyó que la extensión del plazo para cumplir con la resolución 064-2025 era necesario para evitar «un riesgo real muy alto de desconexión de líneas válidamente contratadas».
Recordó que muchos de los usuarios de servicios móviles prepago pertenecen a segmentos de la población con limitaciones de acceso digital o menores niveles de alfabetización tecnológica, por lo que se estima que muchos de ellos recurrirían a la validación presencial, lo que podría aumentar la carga operativa de los servicios de atención al cliente.
Por su parte, la compañía Claro alegó que ha estado trabajando en una solución tecnológica para el proceso de validación y las activaciones de servicios móviles prepago, estimando que el tiempo de ejecución del proyecto está pautado para finales de septiembre.
En tanto, Altice Dominicana indicó que el cumplimiento de la disposición del Indotel requería la recepción, gestión y validación de más de 2.5 millones de clientes prepago.
La operación requería la necesidad de contactar a 83,334 clientes diarios para cumplir con un plazo de solo 30 días, una medida que tachó de «irreal e irracional».
La resolución 064-2025 exige a los centros de venta de las empresas telefónicas exigir la cédula, pasaporte o carné de residencia y una foto de los usuarios con líneas contratadas que carezcan de estos datos.
Asimismo, obliga a las telefónicas a suspender por hasta dos meses pasado el plazo de la resolución, todo número telefónico que no haya podido ser validado. Transcurrido ese tiempo, todas las líneas que sigan sin poder asociarse a la identidad de una persona serán canceladas.
Las compañías deberán notificar a sus usuarios vía SMS u otro medio similar para que puedan validar sus líneas durante el período establecido.
Los usuarios titulares podrán agotareste proceso vía presencial, telefónica, por mensajería o por internet, siempre que se respete el derecho al secreto e inviolabilidad de las telecomunicaciones.
