La plataforma de transparencia Ojo Cívico reveló que Hosanna Isis Lemoine Fernández, procuradora general de Corte de Apelación en Montecristi, declaró en su última declaración jurada un patrimonio que supera los US$92 millones (equivalentes a RD$6,000 millones), concentrado en un único inmueble.
La funcionaria, quien percibe un salario mensual de RD$204,000 en la Procuraduría General de la República, no registra otros bienes ni ingresos que expliquen la magnitud de la cifra consignada. 
Aunque el valor declarado podría corresponder a un error en el llenado del formulario, el caso expone las graves deficiencias en los mecanismos de auditoría y validación de la Cámara de Cuentas, órgano responsable de fiscalizar las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos.
El hallazgo, disponible para cualquier ciudadano a través de Ojo Cívico, vuelve a colocar en el centro del debate la necesidad de fortalecer los sistemas de control y fiscalización, con el fin de garantizar que la información reportada por los funcionarios sea exacta, verificable y transparente.
