La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó este jueves que anuló varias adjudicaciones realizadas por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) en dos procesos de licitación de kit escolares, tras detectar múltiples irregularidades en las evaluaciones y adjudicaciones.
Según una nota de la institución, las decisiones están contenidas en las resoluciones RIC-0113-2025 y RIC-0114-2025, emitidas luego de una investigación de oficio.
La indagación reveló, entre otras irregularidades, la presentación de documentos presuntamente falsos por parte de proveedores, deficiencias en las visitas técnicas, conflictos de interés y posibles prácticas colusorias entre empresas adjudicatarias.
- En el caso de la licitación Inabie-CCC-LPN-2024-0010, correspondiente a la compra de mochilas y kits escolares para los años escolares 2025-2026 y 2026-2027, la DGCP anuló 18 de los 151 contratos adjudicados y ordenó la reevaluación de 25 oferentes.
«Se detectaron inconsistencias en las evaluaciones técnicas y económicas, así como fallos en los criterios de adjudicación y la supervisión de las visitas técnicas, las cuales carecían de evidencia audiovisual y fueron realizadas por personal no autorizado formalmente«, explicó Contrataciones Públicas.
Documentación falsa
En tanto, en el procedimiento Inabie-CCC-LPN-2024-0008, destinado a la adquisición de poloshirts y pantalones escolares, el órgano rector anuló 21 adjudicaciones de un total de 209 y ordenó reevaluar 64 propuestas.
«En este proceso también se comprobaron adjudicaciones a empresas con documentación falsa y relaciones entre sí, además de violaciones al debido proceso por parte del Comité de Compras del Inabie, al otorgar excepcionalidades sin justificar», señaló la entidad.
- Ambas resoluciones instruyen al Inabie a realizar nuevas visitas técnicas con peritos sin conflictos de interés y con documentación mediante cámaras corporales.
Asimismo, la organización recomendó sanciones disciplinarias contra los funcionarios responsables y remitió los hallazgos a la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), ProCompetencia, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) y el Ministerio de Educación.
