Los ciudadanos condenados en segunda instancia por delitos como corrupción, abusos sexuales, tráfico de drogas y otros ilícitos graves estarían bloqueados para presentarse como candidatos a elecciones o para recibir pensiones del Estado, según lo que establece un proyecto de ley que se estudia en la Cámara de Diputados. (Seguir leyendo…)
