La jueza Patricia Alejandra Padilla Rosario, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, rechazó la solicitud presentada por la defensa del empresario José Ángel Gómez Canaán, conocido como «Jochy», para levantar la inmovilización de cuentas bancarias y bienes inmuebles de su empresa OML Inversiones, S.R.L., medida cautelar que fue dictada en su contra.
La medida se encuentra dentro del proceso penal que investiga una presunta red de corrupción vinculada al proyecto de modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo, en el que Gómez Canaán figura como uno de los principales imputados.
Según la Resolución No. 058-2025-SOTR-00052, emitida el pasado 14 de agosto de 2025, el tribunal confirmó la validez de la orden de inmovilización emitida el 10 de octubre de 2024 por la magistrada Kenya Scarlett Romero Severino, autorizando al Ministerio Público representado por Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), a través de la Superintendencia de Bancos (SB), Superintendencia del Mercado de Valores (SIV), a la Dirección General de Impuesto Internos (DGII), al Instituto de Desarrollo Cooperativo (Idecoop), a congelar activos financieros, bienes muebles e inmuebles, y a oponerse a cualquier intento de transferencia de estos conforme las reglas del debido proceso.
El documento señala que esta autorización incluye no solo al empresario Gómez Canaán, sino también a la razón social OML Inversiones, S.R.L., empresa que, aunque no ha sido formalmente imputada, se encuentra bajo investigación por su presunta vinculación con el presunto entramado delictivo.
Vinculaciones de la empresa
En la resolución se expone que OML Inversiones, representada por Gómez Canaán, recibió más de 57 millones de pesos en transacciones posteriores a pagos realizados a la empresa Transcore Latam S.R.L., contratista del Intrant en la licitación INTRANT-CCC-LPN-2023-0001.
Estas operaciones, según el Ministerio Público, indican una estrecha relación financiera y operativa entre las empresas investigadas. Además, se explica que OML realizó préstamos a Transcore Latam para facilitar la ejecución del contrato público.
La defensa de Gómez Canaán alegó que los bienes inmovilizados, incluyendo tres cuentas bancarias y tres propiedades inmobiliarias adquiridas entre 2019 y 2021, no guardan relación directa con los hechos investigados, al haberse adquirido antes del contrato adjudicado a Transcore en 2023.
«La empresa OML Inversiones, legalmente constituida en el año 2018, que su objeto social es retenedora de bienes muebles e inmuebles, inversionistas de fondo de inversiones, también lo relacionado a acciones y cuotas sociales tanto nacionales, como internacionales desde el 2018. El origen del proceso contra mi cliente viene o viene dado por un proceso de compras y contrataciones, una licitación pública nacional, que se emite la publicación de llamados para que presentaran sus ofertas los oferentes en febrero del año 2023, lo que implica que esta empresa ya estaba creada hacía más de 5 años», dijo la defensa de Gómez Canaán ante la jueza.
Entre los bienes congelados se encuentran:
- Una cuenta corriente en pesos y dos cuentas de ahorro en dólares y euros, abiertas en 2020 y 2021.
- Tres inmuebles ubicados en el Distrito Nacional, Jarabacoa, provincia La Vega; e Higüey, provincia La Altagracia, adquiridos entre 2019 y 2020, uno de ellos bajo garantía hipotecaria, conforme a lo expuesto por los abogados de Jochy.
Lo que dijo el Ministerio Público
«La razón social OML Inversiones S.R.L., es de una empresa de José Ángel Gómez Canaán (a) Jochy, inicialmente esta empresa fue constituida como una empresa de carpeta y así lo establece de quien estaba a nombre esa empresa cuando fue constituida, del señor Julio Cesar Martínez Lantigua, que es el testigo número 13 de nosotros, y en la solicitud de medida así como su interrogatorio realizado por el Ministerio Público establece que a pedimento de su amigo Jochy él constituyó esa compañía y posteriormente en el año 2019-2020 pasa esas acciones que estaban a nombre de Julio César Martínez Lantigua y Librada Marina Vidal a ocuparla a nombre de José Ángel Gómez Canaán con el 99 % y la empresa Dekolor con el 1 %», expuso el Ministerio Público.
Agrega: «José Ángel Gómez Canaán es el beneficiario final, propietario prácticamente de las empresas Dekolor, OML Inversiones S.R.L., y Aquanil Advisors, y así mismo que la empresa Aurix, que es parte imputada en la medida de coerción».
El órgano persecutor sostuvo que parte de esos bienes que están a nombre de OML Inversiones fueron antes del contrato de Transcore, destacando que la investigación no se limita al contrato con Transcore, sino que se está «investigando otros hechos consignados en la misma solicitud de medida de coerción referente a contrabando del año 2020, a Dekolor y el contrato con el Intrant del año 2020 más o menos».
El caso y los implicados
Además de Gómez Canaán, están siendo investigados: el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant.
También, Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero, y Carlos José Peguero Vargas.
Los imputados son señalados como miembros de una presunta red de corrupción y crimen organizado, vinculada a delitos como desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructuras críticas y robo de identidad.
