A nueve meses de que una crecida del embalse de la presa de Monte Grande inundara 350 tareas de plantaciones agrícolas en Hato Nuevo Cortés, distrito municipal de Azua, solo ocho de los 127 productores afectados han recibido los pagos por sus cultivos perdidos.
Sin respuesta de cuándo recibirán sus compensaciones-que estiman en más de 30 millones de pesos-, sin recursos para sembrar nuevos cultivos y sin saber si las autoridades reubicarán a unas 2,500 familias vulnerables ante las inundaciones que se podrían generar en esta temporada ciclónica, más de 40 comunitarios convocaron ayer a las principales autoridades de Azua para buscar soluciones urgentes a esta situación.
Los comunitarios, agremiados en el Comité de Defensa de Hato Nuevo Cortés, exigieron el pago de las compensaciones, la canalización del río Viajama para evitar crecidas peligrosas durante las lluvias y la reubicación de los pobladores bajo riesgo de inundación en zonas con vocación agrícola y buen acceso al agua.
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El productor agrícola Patricio Matos aseguró durante el encuentro con el director municipal de Hato Nuevo, Fausto Feliz, la senadora de Azua Lía Ynocencia Díaz y el comandante de la Policía Nacional en Azua, el teniente coronel Stalin Vidal de los Santos, que los residentes viven «bajo un nerviosismo muy grande» de que la comunidad se inunde de nuevo durante la temporada ciclónica.
Estos temores se han agudizado ante la falta de respuesta del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi).
Matos asegura que los comunitarios han visto a técnicos del Indrhi realizar levantamientos en el Magueyal, una zona mucho más al norte de la cota de 197 metros sobre el nivel del mar en la que inicialmente se aseguró que las aguas del embalse no llegarían.
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Sin embargo, estas fueron «de las primeras» en anegarse luego de que las lluvias de noviembre desbordaran los ríos Viajama y Yaque del Sur, lo que terminó elevando el embalse de la presa hacia esa zona y dañando los sembradíos de plátanos, guineos, guandules, limones y otros frutos menores sembrados allí.
«Lo que no queremos es tener que llegar a otro tipo de actividades que la comunidad ha aguantado (no hacer) pacientemente, porque cuando a una persona le ahogan 30, 40, 50 tareas de plátano y no corta un racimo y eso fue en noviembre; a esta fecha hay que pensar cómo está ese productor», enfatizó.
Bajo supervivencia
El agricultor Isaías Feliz insistió en que los productores de Hato Nuevo se encuentran «en un estado de supervivencia«, al verse privados de los recursos para poder retomar sus cultivos agrícolas y cumplir con sus préstamos, así como carecer de la seguridad de que no volverán a perder sus plantaciones en otra crecida del embalse.
«Es un problema grave; el pueblo de Hato Nuevo está en peligro de extinción«, remarcó.
En esto coincidió el presidente del Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Hato Nuevo, Engel Alberto Peña García.
Como productor que también ha sido afectado por la pérdida de más de 50 tareas de limones, propuso a los comunitarios apropiarse de los terrenos de El Barraco – parte de un área protegida- si el Gobierno no traslada a los comunitarios pronto en zonas de vocación agrícola.
«Vamos a empoderarnos como pueblo; nosotros somos soberanos y necesitamos ese terreno. Si se ahogaron los terrenos, no tenemos reubicación, no se nos han pagado los frutos ni los terrenos, ¿dónde vamos a trabajar?», deploró.
Arguyó que la propia presa de Monte Grande «está dentro de un área protegida» y aún así el Gobierno habilitó su construcción, por lo que ellos ppodrían poner a producir unos terrenos que ahora mismo están llenos de guasábara y cayuco.
Las autoridades piden paciencia
La senadora de Azua, Lía Ynocencia Díaz, pidió a los comunitarios paciencia por el proceso de pago debido a que toma tiempo depurar, confirmar y autorizar a cada uno de los productores para que reciban su dinero.
Indicó que es posible que, para el próximo mes, se entregue el pago a los primeros parcelarios que han firmado para recibirlo.
Aseguró que confirmará con el director del Indrhi, Olmedo Caba Romano, si puede reunirse con los comunitarios este martes para tratar el tema.
En cuanto a la reubicación de los comunitarios, Díaz recordó que, así como Azua cuenta con más de medio millón de tareas de tierras agrícolas, el 67 % de sus terrenos se encuentran dentro de áreas protegidas.
Por eso, dijo que se requiere conformar una comisión junto al Ministerio de Medio Ambiente y la Academia de Ciencias para que analice si estaría permitido producir cultivos de un área protegida con tierras áridas y plantas como la guasábara la que, dijo, juega «un papel crucial en la adaptación de la vegetación de los ambientes áridos».
«Vamos a cultivar la tierra protegiendo el cultivo, pensando en cambiarlo, pero debemos proteger la guasábara«, manifestó.
En ese sentido, el comandante de la Policía Nacional, Starlin Vidal de los Santos, exhortó a los comunitarios a seguirse manifestando de manera pacífica, dentro de los límites establecidos por la ley y sin emprender acciones por la fuerza, incluyendo la ocupación de terrenos dentro de las áreas protegidas.
Mientras que el director municipal de Hato Nuevo Cortés, Fausto Feliz, expresó que es consciente de que la canalización del río Viajama es una de las principales preocupaciones de los agricultores, y aseguró que se buscarán las vías para trabajar en ello pronto debido a que reconocen el peligro cuando aumenta su caudal.
