El primero de agosto del 2023, el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados un proyecto de modificación del Presupuesto General del Estado (PGE) mediante el cual se incrementaba el déficit fiscal de 3.0 a 3.2 % del producto interno bruto (PIB).
En aquel momento, la economía acumulaba un crecimiento de 1.8 % al mes de junio.
El 19 de agosto pasado, el Ejecutivo envió al Congreso una modificación al PGE del año 2025 que elevaría el déficit de 3.0 a 3.5 % del PIB. Hasta junio de este año la economía había crecido 2.4 %.
Las justificaciones son similares. La comunicación que acompañaba al proyecto de ley de 2023 expresaba: «Durante el 2023 la desaceleración del crecimiento económico se ha acentuado, atribuible a diversos factores como la disminución de la demanda interna y el entorno económico internacional adverso.»
Mientras, en la comunicación de 2025 se incluyó: «En el marco de los desafíos económicos actuales, las modificaciones introducidas contemplan una política fiscal contra cíclica que busca mitigar los efectos negativos de la coyuntura internacional sobre nuestra economía».
Contra cíclica es una frase para expresar que se va a gastar más debido a que la economía no está teniendo el desempeño esperado. En palabras llanas, hacer que la aritmética del PIB, que incluye entre sus componentes al mismo gasto público, arroje una cifra mayor.
En 2023 el crecimiento final fue 2.2 %, a pesar de esas modificaciones y de medidas monetarias que alcanzaron el 3.0 % del PIB.
Estaría pendiente ver cuál será el cálculo del crecimiento de 2025, teniendo en cuenta que en esta ocasión el déficit sería mayor, y que las medidas monetarias ya ascendían a 1.7% del PIB a mitad de agosto.
Que las condiciones internacionales no son favorables parece ser una constante. Que en este año existe incertidumbre y bajo crecimiento internacional, es cierto. Que desde el 2023 se vienen empleando medidas monetarias para estimular la economía, también es un elemento para tener en cuenta.
Que también se repite la historia de aumentar el gasto y, en consecuencia, el déficit. Que han faltado medidas para fortalecer los fundamentos de la economía y crear las bases para un crecimiento que no dependa de estímulos fiscales y monetarios, es obvio.
Que no se reconozca lo último, la ausencia de reformas, también resulta una obviedad.
Cuando se piensa en términos económicos, y no en términos estadísticos sobre el resultado del PIB, es fácil llegar a la conclusión de que las economías crecen cuando los emprendedores logran la satisfacción de las necesidades de los consumidores.
El proceso para llegar a ese crecimiento, que conduce a la creación de riqueza real, inicia con el ahorro que se convierte en inversión.
Los emprendimientos necesitan de un clima de negocios que les facilite su desarrollo. Y unas condiciones económicas que permitan flexibilidad en momentos de cambios en el entorno internacional.
Por eso son necesarias las reformas estructurales, como un mejor sistema tributario; unas regulaciones laborales menos costosas y más flexibles; despolitizar el sistema educativo y la distribución de electricidad; disminuir los permisos, las regulaciones y la burocracia; avanzar en la seguridad jurídica y ciudadana; entre otras.
En 2023 se dispuso el uso de 23,600 millones de pesos «disponibles de ejercicios fiscales anteriores«; en el proyecto introducido el 19 de agosto se especifica que se emplearían 23,112 millones de pesos del ejercicio fiscal 2024. Pero faltan más explicaciones, no solo de financiamiento, sino de los ingresos y de los gastos.
El ingreso aumentaría en exactamente 36,000 millones de pesos. El proyecto carece de detalles de esas estimaciones.
Para cubrir el déficit serían necesarios los 23,112 millones de pesos más 10,627.8 millones de pesos. Esta última cifra queda implícita en el proyecto de ley, cuando se le solicita al Congreso Nacional elevar el monto de las aplicaciones financieras de 2025, que equivale a solicitar una autorización para aumentar las fuentes de financiamiento.
Con respecto al gasto, la mayor partida se encuentra dentro de Administración de obligaciones del tesoro; se infiere que esos 20,000 millones de pesos irían a financiar a las EDE. Es decir, de los 69,740.2 millones de pesos en nuevo gasto, el 28.7 % se destinaría a las EDE.
Es pertinente resaltar que la incertidumbre local ha aumentado por el tema impositivo. A la incertidumbre internacional, y a la ausencia de reformas, se le agrega la incógnita local sobre qué podría suceder en términos de impuestos.
Cuando desde el gobierno se anuncia que aumentará el gasto de capital en 2026, crece la incertidumbre. ¿Cómo será financiado? Si es con impuestos, habría un impacto negativo sobre una economía a la cual ya le cuesta crecer.
Esperemos que en 2026 no veamos la historia repetirse con mayores estímulos fiscales y monetarios, sino que tengamos ganancias de productividad y procesos de generación de riqueza real. El problema estructural no se solucionará con más gasto, ni de capital ni de ningún tipo; y menos si se efectúa un aumento de impuestos que castigue a hogares y a empresas, como en el pasado.
