El curso se inició, bajo la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), con una ceremonia realizada en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís, que fue retransmitida de manera simultánea y sirvió para inaugurar oficialmente el año escolar, también, en los demás recintos.
El subdirector de Asistencia y Tratamiento de la DGSPC, Bernardo Henríquez Maldonado, encabezó el acto y destacó en su intervención que la educación constituye una parte esencial del proceso de rehabilitación, puesto que fortalece las oportunidades de reinserción social y contribuye a la reducción de la reincidencia, señaló el Ministerio Público en un comunicado.
EXISTEN 24,881 PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD 
Esta actividad inaugural contó con la presencia de autoridades locales y representantes de diversas instituciones de San Pedro de Macorís, entre ellos: Yobanny Agustina Baltazar Núñez, gobernadora de la provincia; el coronel Juan Herrera Vásquez, del Ejército de República Dominicana (ERD); y el capitán Eduardo Mercedes, de la Policía Nacional.
También asistieron a la ceremonia la encargada nacional de Educación, María Teresa De León Nivar; José Ignacio Narciso Adames, director del centro de San Pedro de Macorís; René Ogando Doler, supervisor regional, así como funcionarios de la alcaldía local, directivos de la DGSPC y responsables de la coordinación educativa en los establecimientos.
El sistema penitenciario en la República Dominicana cuenta actualmente con 24,881 personas privadas de libertad, de las cuales un 26.74 % participa en programas formales de Educación Básica y Secundaria de Adultos del Ministerio de Educación (Minerd).
CAPACITACION EN INFOTEP Y PROGRAMAS UNIVERSITARIOS
El resto de presos se involucra en procesos formativos complementarios, como talleres del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) y programas universitarios, indicó el Ministerio Público.
«Con la puesta en marcha del inicio del año escolar en los centros penitenciarios la DGSPC promueve programas de tratamiento y rehabilitación social», señaló.
De esta forma la DGSPC cumple con la Ley 113-21 que, en su capítulo 1, sobre los derechos de las personas privadas de libertad, dispone que estas tienen derecho a «participar en actividades educativas, culturales, deportivas y recreativas encaminadas a su desarrollo integral».
