Yahaira Brito Evangelista, quien está acusada junto a su esposo de estafar al Estado con más de 500 millones de pesos, sufrió un desmayo en plena audiencia este viernes, lo que obligó al Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional recesar el juicio preliminar a ella y a varios exfuncionarios imputados de corrupción.
Al hacer el anuncio del receso hasta el viernes 5 de septiembre, la jueza Altagracia Ramírez, también informó que, además de los viernes, a partir del día 11, todos los jueves habrá audiencias para conocer el proceso penal.
«Yahaira Brito Evangelista se desmayó aquí en el salón de audiencia, dada esas circunstancias no sabemos si se va a reintegrar en el día de hoy», argumentaba Ramírez para declarar el receso del caso seguido a los exministros Gonzalo Castillo, Donald Guerrero, José Ramón Peralta y otros exfuncionarios.
Brito Evangelista fue trasladada a un centro de salud cercano del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
La magistrada dijo que en esta fase del juicio preliminar «habemos tenido muchos inconvenientes», por lo que, afirmó, «es necesario» fijar otro día de la semana para avanzar y cumplir con el calendario, por lo que se decidió por el jueves.
La acusación
El Ministerio Público acusa a Brito Evangelista y a su esposo, Ramón David Hernández, de usurpar «los derechos reales que tenían sobre las parcelas 74-C, 142-C y 214-B del Distrito Catastral 2, del Distrito Nacional, las hoy víctimas, razones sociales El Algodonal C. por A., y Sociedad Inmobiliaria El Algodonal S.A» para reclamar el pago al Estado por la propiedad.
La estafa al Estado, según el órgano acusador, ascendió a «la suma de quinientos cincuenta y tres millones ciento sesenta mil pesos (DOP 553,160,000.00)».
En la investigación, la que se nombró como Operación Calamar, se vincula, además de Castillo, Guerrero y Peralta, al exdirector del CEA, Luis Miguel Piccirilo; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, así como el exsenador de Azua, Rafael Calderón, entre otros exfuncionarios y abogados.
Se les imputa de pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, sobornos a contratistas para financiar la campaña del PLD y de extorsión a través de bancas de apuestas.
