El viceministro de Presupuesto, Patrimonio y Contabilidad, José Rijo Presbot, informó que el aumento del gasto público contemplado en la reformulación presupuestaria de este año será cubierto en gran parte con los ingresos extraordinarios de la minería, en especial del oro, y con fondos disponibles de ejercicios anteriores.
Rijo Presbot explicó que, de los 69,740 millones de pesos adicionales incluidos en el proyecto, unos 36,000 millones provendrán directamente del incremento en los ingresos tributarios, principalmente por el repunte en la producción y precio del oro, así como de transferencias de organismos autónomos y no financieros al Tesoro.
Ingresos mineros al alza
El funcionario destacó que entre enero y julio de 2025 los ingresos del sector minero ascendieron a 19,435.9 millones de pesos, lo que representa un aumento absoluto de 11,870.4 millones con relación al mismo período de 2024, cuando fueron 7,565.6 millones. Este resultado equivale a un alza interanual de 156.9 %, según los registros de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Ese crecimiento, señaló, se atribuye principalmente al aumento del precio internacional del oro, lo que se ha reflejado en mayores pagos de impuestos por parte de las empresas mineras.
Fondos disponibles y deuda
Sobre la distribución de los recursos, Rijo Presbot precisó que los restantes 33,700 millones de pesos del déficit se cubrirán con saldos no ejecutados del año pasado, equivalentes a 23,100 millones de pesos, más la colocación de deuda por 10,600 millones.
Explicó que en lugar de ejecutar un presupuesto ineficiente, lo que se busca es optimizar los recursos disponibles, garantizando el cumplimiento de las metas físicas y reduciendo la deuda administrativa acumulada.
Debate legislativo
El proyecto de reformulación presupuestaria fue remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. La Cámara de Diputados ya lo aprobó en dos lecturas consecutivas, mientras que el Senado conoció ayer la iniciativa y deberá dar el visto bueno definitivo en los próximos días.
El Gobierno argumenta que los cambios buscan aumentar la inversión pública para dinamizar la economía en el corto plazo.
