Inquilinos de viviendas en los barrios Cuba y La Esperanza, afectados por la ampliación de la avenida República de Colombia, reclamaron la entrega de indemnización para poder mudarse a otro lado.
Explicaron que el Ministerio de Obras Públicas, a través de los ingenieros contratistas, solo ha dialogado con los propietarios y a los inquilinos solo les ha dicho que se deben mudar en un plazo de cinco días.
Un grupo de los afectados realizó una vigilia en la avenida República de Colombia esquina Los Conquistadores para llamar la atención de las autoridades.
Ernesto Camilo, uno de los afectados, dijo que una comisión del barrio Cuba fue al Ministerio de Obras Públicas y algunos ingenieros les dijeron que hablaría con los propietarios de viviendas y locales para que les entreguen cuatro o cinco depósitos.
Manifestó que no aceptan esa propuesta porque primero, los propietarios no la acogerían y, porque el Estado el que los debe indemnizar, porque es quien les está afectando.
-
«Queremos que Obras Públicas nos resuelva la situación, que pensamos que es justo lo que pedimos. En mi caso, tengo un taller de mecánica con 20 años, tengo clientes y de ahí mantengo a mi familia», sostuvo.
Indicó que el desalojo arbitrario trastorna la vida de las familias que tienen que buscar otros centros de estudios para sus hijos, pagar alquiler más caro y, en el caso de los comerciantes, hacer un nuevo punto de venta de sus productos.
Roberto Acosta, otro de los afectados, dijo que está vez fue una marcha cívica, pero que tomarían otras acciones si no se les toma en cuenta.
Nada para inquilinos
Manifestó que el ingeniero Víctor Leger es tajante de que ellos no negocian con inquilinos, sino con propietarios y que lo que deben hacer es prepararse para que saquen sus ajuares de las viviendas.
«En el barrio Cuba se está cometiendo un gran atropello, están dando cinco días para que salgan después que los propietarios han vendido las viviendas y cobran su dinero», dijo.
Solicitó la intervención del presidente Luis Abinader y del ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, para que no permitan los atropellos a qué son sometidos más de 100 familias y 40 comerciantes.
