El jurista alemán Peter Haberle ha dicho que las leyes son lo que las élites decidan que sean. Esas mismas élites políticas y empresariales son las que controlan a cientos de borregos congresistas, los cuales, al no tener autonomía en su voluntad (analfabetos funcionales), votan y aprueban legislaciones que buscan asegurar la protección de los que conforman ciertos grupos de interés en la sociedad.
El Criterio de Oportunidad se ha convertido en una trampa legal muy bien articulada, pues al parecer ha sido ideada precisamente para proteger y beneficiar a los grandes corruptos (políticos y empresarios), por medio de la cual el Ministerio Público puede prescindir de la persecución de ciertos delitos menos graves, y así “concentrarse en perseguir otros más relevantes”.
Pero también sirve para negociar con ladrones públicos y privados lo que se han robado, ya sea por medio de un juicio penal abreviado, o convirtiendo a un ladrón en testigo (de acusado a testigo), lo que permite que un ladrón pueda quedarse con hasta el 90% de lo robado, a cambio de que devuelva a penas el 10% de lo que se robó.
Para algunos ministerios públicos eso es un éxito (para otros no), cuando en realidad es el mayor de todos sus acostumbrados fracasos. Ladrones devolviendo una parte insignificante de lo robado; a cambio de quedar inhabilitados para hacer futuros negocios con el Estado (como si después de semejante robo ellos aún siguen necesitando volver a hacer negocios una vez más con el Estado); les lavan legalmente lo robado, y felices los dos que negociaron.
Uno evitando ir a la cárcel y conservando la parte más cuantiosa de lo robado. El otro, ocultando un fracaso disfrazado de éxito.
jpm-am
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