Los ataques de Estados Unidos contra dos lanchas en aguas del mar Caribe que causaron la muerte de catorce personas, todos ellos narcotraficantes venezolanos según el presidente Donald Trump, fueron «asesinatos extrajudiciales ilícitos», según aseguró Human Rights Watch este jueves.
«Los funcionarios estadounidenses no pueden matar sumariamente a personas a quienes acusan de traficar drogas«, dijo Sarah Yager, directora en Washington de HRW.
La Administración estadounidense ha llevado a cabo al menos dos ataques letales contra embarcaciones en aguas cerca de Venezuela alegando que se trataba de narcotraficantes intentando introducir droga en su país.
«El problema de los narcóticos entrando a Estados Unidos no es un conflicto armado, y los funcionarios estadounidenses no pueden eludir sus obligaciones en materia de derechos humanos fingiendo lo contrario», explicó Yager.
«El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que Estados Unidos está suscrito, protege el derecho a la vida. Según los estándares legales de derechos humanos, quienes ejercen funciones de orden público, incluidos militares, deben buscar minimizar el daño y preservar la vida humana. Sólo pueden usar fuerza letal cuando sea estrictamente inevitable para proteger contra una amenaza inminente de muerte o lesiones graves», añade la organización en un comunicado.
Retórica belicista
Trump ha empleado la retórica belicista para justificar estos ataques en medio de la escalada de las tensiones con Venezuela.
El pasado 2 de septiembre, el mandatario anunció que las fuerzas estadounidense habían derribado una lancha proveniente de Venezuela en la que, según Washington, viajaban 11 miembros de la banda transnacional Tren de Aragua que murieron en el acto.
Hace unos días, anunció que habían llevado a cabo otro golpe contra otra lancha en la que viajaban tres personas y que según él iba repleta de cocaína y fentanilo.
- Y, un día después, declaró a los medios que son tres los ataques que se han llevado a cabo, pero no dio más detalles.
Todo esto forma parte del operativo de EE. UU., que Caracas ha criticado duramente para frenar el tráfico de drogas al país, que Washington considera como una «amenaza» para la seguridad nacional.
