Un estudio de la firma Despradel y Asociados (DASA) determinó que, en promedio, el 64 % de los vehículos usados que se importan en la República Dominicana están subvaluados, lo que significa que hay una importante brecha de ingresos que el fisco está dejando de percibir debido a esta problemática.
Subvaluar significa declarar a las aduanas un valor de compra más bajo al real para pagar menos impuestos. En el país, los vehículos usados se adquieren en el extranjero, luego se importan y finalmente se comercializan en el mercado local.
Según el análisis, entre enero del 2023 y febrero del 2024 el país importó 93,361 vehículos usados, de los cuales el 80 % provinieron de Estados Unidos, Canadá y México.
De esta cantidad, la agencia consultora tomó una muestra de 258 vehículos y buscó su precio promedio de venta, tomando en cuenta el rango de precios tanto de un concesionario como de un vendedor privado, mientras que en el caso de los dealers, recolectó el valor máximo y el valor mínimo de cada unidad.
Esto dio como resultado que los precios de las unidades de vehículos importados por un vendedor privado durante el período analizado estaban subvaluados en un 49 %, mientras que en el caso de los dealers este porcentaje se incrementaba a un 79 %, dando como resultado una subvaluación promedio de un 64 %.
En otras palabras, seis de cada diez vehículos usados que entraron al país en ese período pagan menos impuestos de lo que deberían.
Lo recaudado
Actualmente, la estructura impositiva a los vehículos de motor se divide en el cobro de aranceles (con tasas desde un 8 % a un 20 %), el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios (Itbis) (de 18 %), el impuesto a la primera placa (17 %) y el impuesto al dióxido de carbono (del 0 % al 3 %). Esto sin contar el cobro por el marbete.
En 2023, el Estado recaudó 18,360 millones de pesos con este esquema, siendo el Itbis el de mayor aporte, con 8,305 millones de pesos.
Si los vehículos importados subvaluados entre enero del 2023 y febrero del 2024 hubieran sido comprados al precio que realmente cuestan, el Estado hubiera podido recaudar una media de hasta 10,056 millones de pesos anuales adicionales, estima DASA, con 3,991 millones de pesos más de la primera placa del vehículo, 4,198 millones en Itbis, 1,163 millones en gravámenes y 704 millones por el CO2.
