Se avecinan problemas para la Digital Services Act (DSA), la normativa europea sobre servicios digitales de las grandes plataformas. No solo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no quiere saber nada del endurecimiento de la normativa por parte de Europa, ni de la hipótesis de «aranceles» u otras medidas contra las grandes tecnológicas estadounidenses, sino que en los últimos días ha comenzado una batalla (todavía desapercibida) contra la Ley de Servicios Digitales.
El 21 de agosto, y por tanto el día que sancionaba el acuerdo sobre los aranceles UE-EE UU, la Federal Trade Commission (FTC), es decir, la autoridad antimonopolio estadounidense, envió una carta que rayaba en la amenaza a las gigantes digitales. Entre los 13 destinatarios figuran Google, Meta, Amazon, Microsoft y Apple. El tema de la misiva: la Ley Europea de Servicios Digitales (y en el texto también se menciona la Ley de Seguridad en Línea del Reino Unido) no puede ni debe aplicarse si se pone en peligro la libertad de expresión y, sobre todo, la seguridad de los ciudadanos estadounidenses.
En el incipit de la carta (firmada por el presidente de la autoridad de ultramar, Andrew Ferguson) destaca una referencia a la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, es decir, a la libertad de expresión: «Las plataformas en línea se han convertido en fundamentales para el debate público, y la censura generalizada en línea en los últimos años ha indignado al pueblo estadounidense. No solo se ha censurado y expulsado a estadounidenses de plataformas por expresar opiniones y creencias no compartidas por una pequeña élite de Silicon Valley, sino que la anterior administración trabajó activamente para fomentar dicha censura». 
El contenido de la carta
La arremetida de la administración Trump
La administración Trump tiene la intención de dar marcha atrás y en esa dirección comienza el ataque a las «potencias extranjeras», la Unión Europea y el Reino Unido, y en particular a la Ley de Servicios Digitales y a la Ley de Seguridad en Línea. La referencia es indirecta pero implícita también al General Data Protection Regulation (GDPR), el reglamento europeo sobre protección de datos personales, cuyas medidas están»encaminadas a imponer la censura y debilitar el cifrado de extremo a extremo». Esto significa un debilitamiento de las libertades de los estadounidenses que se traduce también en «una miríada de perjuicios» debido a la “vigilancia por parte de gobiernos extranjeros”. Según la FTC, iría unida a «un mayor riesgo de robo de identidad y fraude».
Según el organismo antimonopolio, el derecho a la intimidad y la seguridad de los ciudadanos y los datos estadounidenses deben seguir siendo prioritarios. Poco importa, pues, que Europa tenga una idea diferente apelando a la necesidad de acceso a los datos en caso de litigio, y menos aún en el frente de la lucha contra las fake news y la incitación al odio, que se interpreta incluso como censura al otro lado del Atlántico.
Privacidad y cifrado de extremo a extremo: los temas sobre la mesa
En la carta, la Autoridad Antimonopolio pedía expresamente a las 13 compañías que informaran de «cómo piensan cumplir con los requisitos regulatorios internacionales erróneos» (el plazo para fijar una reunión finalizaba el 28 de agosto) y les recordaba sus «obligaciones para con los consumidores estadounidenses en virtud de la Sección 5 de la Ley de la Comisión Federal de Comercio, que prohíbe actos o prácticas desleales o engañosas» que puedan distorsionar el mercado o comprometer la seguridad.
Y es precisamente en el frente de la seguridad, y especialmente en la adopción del cifrado de extremo a extremo, donde la Autoridad de Defensa de la Competencia llama al orden a las grandes tecnológicas:»Las empresas que prometen que su servicio es seguro o está cifrado, pero no utilizan el cifrado de extremo a extremo cuando procede, pueden estar engañando a los consumidores que esperan razonablemente este nivel de privacidad». Además, «determinadas circunstancias pueden exigir el uso de cifrado de extremo a extremo, y no hacerlo puede constituir una práctica desleal». Debilitar el cifrado u otras medidas de seguridad para cumplir las leyes o exigencias de un gobierno extranjero puede, por tanto, violar la Sección 5 de la Ley de la Comisión Federal de Comercio, reza el documento.
Qué ocurre en caso de disputas e interferencias
En un tuit en X Ferguson escribió rotundamente que «si las empresas censuran a los estadounidenses o debilitan la privacidad y la seguridad de las comunicaciones a petición de una potencia extranjera, no dudaré en hacer cumplir la ley».
«En una sociedad global como en la que vivimos, los solapamientos y las interferencias entre los distintos ordenamientos jurídicos son naturales. Baste pensar en las que se producen, en sentido inverso, entre la normativa europea sobre privacidad y la famosa Cloud Act de Estados Unidos», comenta a WIRED Guido Scorza, miembro del consejo de administración de la Autoridad Italiana de Protección de Datos. Según él, en caso de discrepancias significativas y si fuera necesario, «corresponderá al gobierno americano y a la Comisión Europea identificar medidas correctoras capaces de hacer respetar la soberanía, también en el ámbito digital, de cada país» pero en «medida sostenible» y garantizando en todo caso la circulación transoceánica de datos y servicios.
Artículo publicado originalmente en WIRED Italia. Adaptado por Mauricio Serfatty Godoy.
