La Suprema Corte de Justicia de República Dominicana anuló las sentencias que habían validado la resolución del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) sobre el roaming automático nacional, una medida que permite a los usuarios mantener cobertura móvil en zonas sin señal de su operador principal, y ordenó que el caso sea revisado por otro tribunal.
Las decisiones, emitidas el 30 de septiembre por la Tercera Sala de la Suprema Corte, responden a los recursos interpuestos por las empresas Altice Dominicana y Compañía Dominicana de Teléfonos (Claro) contra el reglamento 070-2023 del Indotel, aprobado en julio de 2023.
El tribunal consideró que el Tribunal Superior Administrativo (TSA), que había rechazado las demandas de las telefónicas, omitió pronunciarse sobre alegatos esenciales de las partes recurrentes.
«Cuando un tribunal omite pronunciarse sobre medios esenciales del recurso, incurre en falta de motivación que afecta la calidad de la justicia material», indicó la sentencia, firmada por el magistrado Manuel Alexis Read Ortiz, presidente de la sala y los jueces Manuel Alexis Read Ortiz, Moisés A. Ferrer Landrón, y Anselmo Alejandro Bello.
Contexto de la medida
La resolución del Indotel sobre el Roaming Automático Nacional (RAN) obliga a las empresas de telefonía móvil a permitir que sus usuarios se conecten a la red de otra operadora cuando su proveedor no tenga cobertura, sin costo adicional, en localidades donde existan dos o menos prestadoras.
El organismo regulador sostiene que la medida busca garantizar conectividad en zonas remotas, promover la competencia y evitar distorsiones en el mercado.
Sin embargo, las principales operadoras del país alegaron que el Indotel carece de facultad legal para imponer esa obligación sin una ley expresa, y que la disposición afecta la libertad de empresa y el derecho de propiedad.
Decisiones previas
El Tribunal Constitucional y el propio TSA habían validado la resolución al considerar que el Indotel tiene potestad para regular la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones.
En su fallo, el Constitucional destacó que el Estado puede intervenir en sectores estratégicos para garantizar el acceso y la competencia justa, lo que incluye la posibilidad de regular las condiciones de conectividad.
